Desde el 28 de mayo pasado, la rutina privada, individual, de una caminata desde casa al trabajo en plena ciudad de Buenos Aires un día cualquiera queda registrada por el flamante “Gran Hermano” de Mauricio Macri: un centro de monitoreo urbano operado por un equipo de 120 vigías que durante las 24 horas de la jornada, los 365 días del año, se dedican a observar por una red de 170 cámaras de vigilancia instaladas en catorce parques y plazas, en las calles aledañas a la Plaza de Mayo, en la sede comunal de Bolívar 1, en los alrededores del Obelisco, del Distrito Tecnológico, en la plaza Naciones Unidas (al lado de la Facultad de Derecho de la UBA), en los ingresos a la villa 31 de Retiro y en las nuevas estaciones de las líneas de subte A, B y H.
Según datos de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y otras firmas del sector, en espacios públicos en lo que va de 2009 se instalaron más de diez mil videocámaras de diferentes localidades y ciudades del interior del país. Pero el número podría quedarse corto porque las mismas fuentes aseguran que muchas de las contrataciones –que promedian los 400 mil pesos por municipio– se hacen en forma directa, es decir, sin licitación.La instalación de una cámara con su correspondiente software ronda los 15 mil pesos. Un sistema de monitoreo estándar tiene entre 120 y 150 grabadoras.
En Londres 10.500 cámaras filman a toda hora como en un reality show, sin cortes, las conductas de la gente común–, la Argentina se está poniendo en sintonía con las tendencias mundiales de seguridad urbana.
Un tema clave: ¿Qué uso se hace de las imágenes grabadas? ¿Quién puede verlas? ¿Para qué?
La discusión ya es global. Podría comenzar con Michel Foucault y su tesis sobre la mirada omnipresente del panóptico y las sociedades disciplinadas y controladas y terminar con una declaración como: “En la cuadra de mi oficina hay una cámara y también ahí hay un hotel alojamiento". Allí hay un debate muy interesante.
Beatriz Busaniche es licenciada en Comunicación Social. Trabaja para la Fundación Vía Libre, una organización que se dedica a defender los derechos civiles en entornos de nuevas tecnologías. “Si contamos con que las cámaras están mayormente ubicadas en plazas y lugares de alta circulación –opina– pronto tendremos una base de datos enorme de las actividades de la gente que circula por ahí, incluyendo rostros y expresiones de activistas sociales, militantes, mujeres y niños que pasen regularmente por esos lugares. Pero no tenemos muy claro qué pasa con toda la información que se recopila, cuánto tiempo se mantiene, cómo se procesa, cómo se guarda, quién tiene acceso, con qué fines se realiza”.
Esto enciende una luz amarilla sobre la utilización de esa base de datos. La discusión, por lo tanto, no arriba a un punto de acuerdo. Y mientras tanto, los municipios siguen minando de cámaras el paisaje urbano. Los pequeños vigías sofisticados avanzan sobre espacios semipúblicos como shoppings y escuelas y nuestros actos –privados, inofensivos, secretos, individuales– son grabados por alguien a quien no podemos visualizar. Eso sí, todo en pos –¿habrá que creerlo?– de nuestra total integridad.
“Una sociedad monitoreada es menos libre y democrática”
Beatriz Busaniche es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Es también docente en Ciencias de la Comunicación de la UBA y trabaja para la Fundación Vía Libre, una organización que se dedica a defender los derechos civiles en entornos de nuevas tecnologías, con ejes de trabajo en acceso al conocimiento, software libre, derechos de autor, privacidad y en contra del voto electrónico.
–¿Cuáles son las principales razones de esta expansión y cuándo comenzó?
–Desde hace un tiempo a esta parte se ha instalado la idea de que a mayor vigilancia, mayor seguridad. En los EE.UU. ya se usaban estos sistemas desde hace mucho, pero fueron los atentados de 11 de septiembre los que impulsaron la doctrina de la seguridad y, en consecuencia, un grado nunca antes visto de intromisión en la vida privada de las personas. Los atentados en los subterráneos de Londres y los trenes de Madrid terminaron de reforzar la doctrina de la seguridad en el viejo continente. En la Argentina, fue la movida que se ubicó detrás del “no ingeniero” Blumberg la que sembró está avanzada.
–¿Cuántos aparatos de este tipo hay en la Argentina?
–Es imposible saberlo. Macri inauguró justo antes de las elecciones un centro de monitoreo con 170 cámaras. También hay que evaluar la cantidad de cámaras privadas que hay. Si empezamos a observar, es impresionante la cantidad de edificios privados que tienen cámaras filmando la calle. Contando las iniciativas públicas y los sistemas de vigilancia privados, es imposible estimar un número.
–¿Cuáles son las consecuencias del mayor control social?
–Uno de los problemas es justamente que hoy en día no tenemos manera de evaluar las consecuencias de establecer una sociedad masivamente controlada. Sí sabemos, a partir de estudios realizados en los EE.UU. y en Inglaterra, que la instalación de estos sistemas tiene un impacto muy bajo en la prevención del delito y en la tasa de criminalidad. En Londres, un ciudadano promedio que hace su vida normal será filmado 300 veces en un día. Alguien podrá trazar sus recorridos, establecer sus pautas de conducta, verificar incluso pautas de consumo, establecer redes de relaciones sociales. Puede sonar a paranoia, lo sé, pero imaginen una ciudad sitiada de cámaras de este tipo en los tiempos que se vivieron en la década del 70 en la Argentina. ¿Cuánta más gente habría desaparecido si las fuerzas de seguridad hubieran contado con dispositivos de esta naturaleza? Una consecuencia muy sutil es el acostumbramiento de la sociedad a ser vigilada. Yo no quiero que me vigilen, no quiero acostumbrarme a eso. Sobre todo si la razón por la que dicen que lo hacen (prevenir el delito, ofrecer seguridad) no está corroborada en lo más mínimo.
–¿Por qué las cámaras no logran reducir el delito?
–Es difícil decir por qué, pero hay varias cuestiones que suenan bastante a sentido común. Cory Doctorow, en su libro Content incluye un ensayo sobre las cámaras londinenses (él vive en Londres) donde justamente habla de que las cámaras no sirven para disuadir a alguien que ya no tiene nada que perder.
–¿Por qué te parece que hay que oponerse y evitar el crecimiento de los circuitos de filmación?
–Por esto que decía de que una sociedad monitoreada, controlada, es una sociedad menos libre y, en definitiva, menos democrática.
–Un pronóstico: ¿cómo podría evaluar el presente y el futuro de la privacidad en la Argentina? ¿Y en el mundo?
–El pronóstico es bastante sombrío por múltiples razones, pero la principal es la incorporación acrítica de tecnologías de vigilancia y la escasa discusión, casi nula discusión diría, sobre las implicancias.
Según datos de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y otras firmas del sector, en espacios públicos en lo que va de 2009 se instalaron más de diez mil videocámaras de diferentes localidades y ciudades del interior del país. Pero el número podría quedarse corto porque las mismas fuentes aseguran que muchas de las contrataciones –que promedian los 400 mil pesos por municipio– se hacen en forma directa, es decir, sin licitación.La instalación de una cámara con su correspondiente software ronda los 15 mil pesos. Un sistema de monitoreo estándar tiene entre 120 y 150 grabadoras.
En Londres 10.500 cámaras filman a toda hora como en un reality show, sin cortes, las conductas de la gente común–, la Argentina se está poniendo en sintonía con las tendencias mundiales de seguridad urbana.
Un tema clave: ¿Qué uso se hace de las imágenes grabadas? ¿Quién puede verlas? ¿Para qué?
La discusión ya es global. Podría comenzar con Michel Foucault y su tesis sobre la mirada omnipresente del panóptico y las sociedades disciplinadas y controladas y terminar con una declaración como: “En la cuadra de mi oficina hay una cámara y también ahí hay un hotel alojamiento". Allí hay un debate muy interesante.
Beatriz Busaniche es licenciada en Comunicación Social. Trabaja para la Fundación Vía Libre, una organización que se dedica a defender los derechos civiles en entornos de nuevas tecnologías. “Si contamos con que las cámaras están mayormente ubicadas en plazas y lugares de alta circulación –opina– pronto tendremos una base de datos enorme de las actividades de la gente que circula por ahí, incluyendo rostros y expresiones de activistas sociales, militantes, mujeres y niños que pasen regularmente por esos lugares. Pero no tenemos muy claro qué pasa con toda la información que se recopila, cuánto tiempo se mantiene, cómo se procesa, cómo se guarda, quién tiene acceso, con qué fines se realiza”.
Esto enciende una luz amarilla sobre la utilización de esa base de datos. La discusión, por lo tanto, no arriba a un punto de acuerdo. Y mientras tanto, los municipios siguen minando de cámaras el paisaje urbano. Los pequeños vigías sofisticados avanzan sobre espacios semipúblicos como shoppings y escuelas y nuestros actos –privados, inofensivos, secretos, individuales– son grabados por alguien a quien no podemos visualizar. Eso sí, todo en pos –¿habrá que creerlo?– de nuestra total integridad.
“Una sociedad monitoreada es menos libre y democrática”
Beatriz Busaniche es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Es también docente en Ciencias de la Comunicación de la UBA y trabaja para la Fundación Vía Libre, una organización que se dedica a defender los derechos civiles en entornos de nuevas tecnologías, con ejes de trabajo en acceso al conocimiento, software libre, derechos de autor, privacidad y en contra del voto electrónico.
–¿Cuáles son las principales razones de esta expansión y cuándo comenzó?
–Desde hace un tiempo a esta parte se ha instalado la idea de que a mayor vigilancia, mayor seguridad. En los EE.UU. ya se usaban estos sistemas desde hace mucho, pero fueron los atentados de 11 de septiembre los que impulsaron la doctrina de la seguridad y, en consecuencia, un grado nunca antes visto de intromisión en la vida privada de las personas. Los atentados en los subterráneos de Londres y los trenes de Madrid terminaron de reforzar la doctrina de la seguridad en el viejo continente. En la Argentina, fue la movida que se ubicó detrás del “no ingeniero” Blumberg la que sembró está avanzada.
–¿Cuántos aparatos de este tipo hay en la Argentina?
–Es imposible saberlo. Macri inauguró justo antes de las elecciones un centro de monitoreo con 170 cámaras. También hay que evaluar la cantidad de cámaras privadas que hay. Si empezamos a observar, es impresionante la cantidad de edificios privados que tienen cámaras filmando la calle. Contando las iniciativas públicas y los sistemas de vigilancia privados, es imposible estimar un número.
–¿Cuáles son las consecuencias del mayor control social?
–Uno de los problemas es justamente que hoy en día no tenemos manera de evaluar las consecuencias de establecer una sociedad masivamente controlada. Sí sabemos, a partir de estudios realizados en los EE.UU. y en Inglaterra, que la instalación de estos sistemas tiene un impacto muy bajo en la prevención del delito y en la tasa de criminalidad. En Londres, un ciudadano promedio que hace su vida normal será filmado 300 veces en un día. Alguien podrá trazar sus recorridos, establecer sus pautas de conducta, verificar incluso pautas de consumo, establecer redes de relaciones sociales. Puede sonar a paranoia, lo sé, pero imaginen una ciudad sitiada de cámaras de este tipo en los tiempos que se vivieron en la década del 70 en la Argentina. ¿Cuánta más gente habría desaparecido si las fuerzas de seguridad hubieran contado con dispositivos de esta naturaleza? Una consecuencia muy sutil es el acostumbramiento de la sociedad a ser vigilada. Yo no quiero que me vigilen, no quiero acostumbrarme a eso. Sobre todo si la razón por la que dicen que lo hacen (prevenir el delito, ofrecer seguridad) no está corroborada en lo más mínimo.
–¿Por qué las cámaras no logran reducir el delito?
–Es difícil decir por qué, pero hay varias cuestiones que suenan bastante a sentido común. Cory Doctorow, en su libro Content incluye un ensayo sobre las cámaras londinenses (él vive en Londres) donde justamente habla de que las cámaras no sirven para disuadir a alguien que ya no tiene nada que perder.
–¿Por qué te parece que hay que oponerse y evitar el crecimiento de los circuitos de filmación?
–Por esto que decía de que una sociedad monitoreada, controlada, es una sociedad menos libre y, en definitiva, menos democrática.
–Un pronóstico: ¿cómo podría evaluar el presente y el futuro de la privacidad en la Argentina? ¿Y en el mundo?
–El pronóstico es bastante sombrío por múltiples razones, pero la principal es la incorporación acrítica de tecnologías de vigilancia y la escasa discusión, casi nula discusión diría, sobre las implicancias.
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